Un paquete con fichas de 488 desaparecidos correspondientes a la petición que los obispos de la Iglesia Católica formularon en julio de 1978 al entonces ministro del Interior y actual senador UDI, Sergio Fernández, para que ayudara a encontrar el paradero de estas personas según lo ofreció públicamente en esa época.

Estos documentos podrían constituirse en un antecedente fundamental para obtener su desafuero y eventual procesamiento.

La abogada Carmen Hertz, quien trabajó en la Vicaría de la Solidaridad elaborando esas fichas para que los obispos , entregaran este material a Fernández, dijo a La Nación “cómo, pese a su ofrecimiento público de fecha 15 de junio de 1978, Fernández nunca respondió a los obispos ni hizo nada, eso constituye, en mi opinión, al menos responsabilidad criminal de encubrimiento de las acciones delictivas de los agentes del Estado que secuestraron e hicieron desaparecer a esas personas”. La abogada afirmó que “en cualquier Estado de derecho eso se llama encubrimiento”.

La solicitud de desafuero de Fernández será presentada hoy ante el ministro de fuero Juan Guzmán, de acuerdo a lo manifestado por el abogado querellante Eduardo Contreras. “Acompañaremos esas fichas que nos serán de mucha utilidad”, dijo Contreras a La Nación. Esta petición incorporará casos de personas desaparecidas cuando ya Fernández era ministro del Interior.

La responsabilidad del senador Fernández en las causas Operación Cóndor y Colombo, se persigue dado que, si bien éste ocupó la cartera de Interior dos veces entre 1978 y 1982 y 1987 a 1988, y estos episodios tuvieron su mayor desarrollo cuando éste aún no era titular de esa cartera; los abogados querellantes sostienen que estas operaciones continuaron desarrollándose después de 1978, cuando Fernández ya era el jefe del gabinete del ex dictador Augusto Pinochet.

Responsabilidad política

Ayer el senador Fernández asumió su “plena responsabilidad política y la de todos los ministros, subsecretarios y colaboradores bajo mi dependencia” cuando ocupó la cartera de Interior, pero agregó que “las responsabilidades penales son individuales”. El senador UDI insistió en que nada tuvo que ver como autoridad con los casos de las operaciones Cóndor y Colombo, pues éstos “ocurrieron en una época en que yo no era ministro”.

Deslindando responsabilidad, Fernández dijo “ninguna persona que haya sido arrestada con un decreto bajo mi firma, desapareció”, admitiendo de paso que, efectivamente, ordenó arrestos.

Las diligencias para perseguir la responsabilidad penal de Sergio Fernández se concretaron luego que el juez Juan Guzmán procesó el viernes pasado al general (R) César Raúl Benavides, en su calidad de ex ministro del Interior de Pinochet, como cómplice de 16 secuestros por víctimas de la Operación Colombo y cinco de la Operación Cóndor. Mientras al ex subsecretario de Interior y ministro de esta cartera subrogante, general (R) Fach Enrique Montero Marx, lo encausó como cómplice de cuatro secuestros por Colombo.

Los abogados querellantes están tras los pasos de Fernández desde hace más de dos años, ubicando documentos y antecedentes sotener sostener su desafuero y procesamiento. Otro elemento que serviría además de soporte a los objetivos de los demandantes respecto del senador de la UDI, es el oficio reservado Nº 1340 del 18 de mayo de 1978, firmado por Fernández como ministro del Interior y dirigido al juez del Tercer Juzgado del Crimen de Santiago, mediante el cual negaba que Villa Grimaldi hubiese existido como “lugar de detención”. No obstante que desde allí desaparecieron, al menos, 300 personas.