Contreras amenazó con tiroteo y presionó al Ejército para no ir a la cárcel

Manuel Contreras entró a la cárcel después de ser detenido por la fuerza, esposado, y cubierto de huevos y tomates. Pero a eso agregó un efecto mucho más relevante: por la actitud que tomó durante su arresto, terminó de perder el escaso respeto que le tenía el alto mando del Ejército, que consideró su actitud indigna de un soldado.

Su rebeldía, sin embargo, estuvo lejos de sorprender a sula institución, que venía preparándose hace meses para el día en que el ex jefe de la Dina debiese entrar a la cárcel. Concretamente, desde el 17 de noviembre, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema ratificó la condena por secuestro calificado que el juez Alejandro Solís le había impuesto a él y otros tres oficiales (R).

Días después de que las penas quedaran a firme, el comandante en jefe, Juan Emilio Cheyre, instruyó que oficiales tomaran contacto con Contreras, con el brigadier Miguel Krassnoff, y con los coroneles Marcelo Moren Brito y Fernando Lauriani, para explicarles que el Ejército seguiría apoyándolos -"en todo lo debido, y nada de lo indebido"- ante su difícil situación.

Pensando en el tiempo que permanecerían recluidos, el Ejército había ofrecido al gobierno traspasar a Gendarmería una unidad de Policía Militar en Peñalolén, para instalar allí, un lugar cómodo y seguro, a los condenados. Cuando este penal comenzó a adaptarse a su nuevo uso, la institución comunicó a Contreras que sería instalado allí. El general no sólo no puso reparos, sino que se mostró agradecido.

Hace dos semanas, el juez Solís fijó para el viernes 28 de enero la fecha de la notificación de las condenas. Para ahorrarse incidentes, el magistrado solicitó al Ejército que comunicara a los oficiales (R) la fecha de su entrada a prisión.

Para garantizar que el trámite se efectuara con dignidad, Cheyre -que se encontraba de vacaciones, pero en permanente contacto con el comandante en jefe subrogante, Javier Urbina- instruyó que otra vez se tomara contacto con los ex uniformados, para darles garantías y ofrecerles ser trasladados en vehículos institucionales, acompañados por militares y preservando su seguridad, hasta el tribunal, donde serían entregados a la custodia de Gendarmería sin ser esposados ni tratados como reos comunes.

Krassnoff, Moren Brito y Lauriani aceptaron el planteamiento, y cuando llegó el viernes cumplieron el trámite sin inconvenientes.

El miércoles pasado, dos días antes de su citación, Contreras recibió la visita del general Patricio Cartoni, comandante de la Guarnición de Santiago, para hacerle el mismo planteamiento, pero el ex jefe de la Dina lo rechazó, y dijo que no iría otra vez a la Cárcel.

Cartoni le advirtió que el Ejército, por doctrina, consideraba que nadie está por sobre la ley, y que no haría nada que dificultara el cumplimiento de una sentencia judicial emitida en un Estado de Derecho, pero Contreras se mantuvo inflexible.

El jueves, en su lugar de descanso en Frutillar, Cheyre recibió una llamada de María Teresa Contreras, la mayor de los cuatro hijos del general (R). La conocía bien, porque su esposo, el general (R) Orlando Carter, había servido bajo sus órdenes al inicio de su carrera.

La mujer le dijo a Cheyre que su padre se había declarado en rebeldía, y que pretendía resistirse a su arresto. Le advirtió que había pedido a su familia que lo acompañara al día siguiente en su casa, y que pretendía incluso abrir fuego contra los detectives e iniciar un tiroteo si lo obligaban a ir a la cárcel. También le dijo que su padre sólo aceptaría cumplir su condena si se le permitía cumplir su reclusión en su domicilio de Peñalolén. ¿Fue una especie de chantaje? ¿Pretendía Contreras que el Ejército presionara para que se le concediera ese beneficio?

Cheyre respondió lo obvio: que ese planteamiento no debían hacérselo a él, sino a los tribunales de Justicia, y que el viernes, de no mediar una disposición de la justicia, Contreras debería ingresar a prisión.

A primera hora del viernes, el Ejército hizo un último intento de hacerlo entrar en razón a través del coronel Laré, jefe de la Policía Militar. No hubo caso. Luego ingresó el prefecto Rafael Castillo, que trató de convencerlo por 20 minutos. Fue entonces que comenzó la confusa detención, que se desató cuando el general (R) intentó tomar una pistola de un cajón de su escritorio. Fue reducido y esposado por la fuerza, y luego conducido al Tribunal.

A las 11.45, mientras Contreras era trasladado, sonó el celular de su hija María Teresa. Era Cheyre, que llamaba para lamentar lo ocurrido, pero advertir que había sido el propio ex jefe de la Dina el que había buscado una detención como esa. La mujer lo recriminó diciéndole que el Ejército había permitido que trataran así a su padre, y quejándose de que no pudiera cumplir su pena en su casa. El jefe del Ejército le respondió que nadie estaba por sobre la ley, que él le había advertido, el día anterior, que la familia no estuviera en el lugar si Contreras no podía resistir.

Molestia

El episodio, afirman altas fuentes del Ejército, sólo acrecentó la molestia del alto mando con Contreras. No sólo le reprochan que haya utilizado a su familia como parapeto para impedir su detención, y que no haya estado a la altura de un oficial, como sí lo estuvieron los otros condenados, pretendiendo presionar a la institución para ponerse por sobre la ley.

Si bien el Ejército reprobó que Contreras fuese agredido en Tribunales y considera grave esos desbordes, también cree que el ex jefe de la Dina quiso conscientemente convertirse en un mártir (había citado para esa mañana a un equipo de TVN), para dar la impresión de que el Ejército es insensible al destino de los 160 oficiales (R) procesados por casos de DD.HH. y volcar a la llamada "familia militar" en su contra.

El desenlace también hizo recordar el hecho de que Contreras, mientras exigía que se lo ayudara y protegiera, nunca estuvo dispuesto a colaborar con iniciativas clave del Ejército, como la mesa de diálogo. Jamás entregó información que pudiese servir para determinar el destino o el paradero de los desaparecidos. Tampoco aportó en Tribunales, recuerdan en el cuerpo castrense, donde afirman que si bien no se habría librado de la acción de la Justicia, al menos podría haber aliviado la situación de decenas de ex uniformados que sirvieron a su mando y que hoy están encausados o condenados. De paso, agregan, habría reducido en parte el alto costo que el Ejército y el país han debido pagar por el problema pendiente de las violaciones a los DD.HH.