Dos condenas cumplidas en mundos distintos
"No voy a ir a ninguna cárcel", dijo Manuel Contreras ayer, cuando el
Ejército y la Policía de Investigaciones intentaban que se presentara voluntariamente
ante el ministro Alejandro Solís para comenzar a cumplir su segunda condena, esta vez de
12 años.
La frase fue la misma que repitió la noche del 30 de mayo de 1995, horas después que
la Corte Suprema confirmara, por unanimidad, la sentencia a siete años que el ministro
Adolfo Bañados le había impuesto por el homicidio, en 1976 en Washington, del ex
canciller Orlando Letelier.
Esa vez, el general (R) tuvo al país en vilo por casi cuatro meses, al lograr dilatar
su entrada al penal de Punta Peuco.
En menos de 10 años, las diferencias eran, sin embargo, radicalmente distintas.
Hasta 1995 ningún oficial de Ejército había sido condenado por casos de DD.HH., el
general Augusto Pinochet permanecía en la Comandancia en Jefe del Ejército y Contreras,
pese a llevar 16 años en retiro, seguía siendo una figura respetada dentro de la
institución.
Su encarcelamiento era visto como un símbolo y como la ruptura de una barrera hasta
entonces infranqueable, al punto que el gobierno de Frei debió negociar con Pinochet la
construcción de una cárcel especial para él y los oficiales que, se suponía entonces,
lo seguirían por los juicios de DD.HH.
Contreras, tensionando al máximo la transición y presionando al Ejército, logró
ingresar al Regimiento Sangra en Puerto Montt, donde permaneció por unas horas. Días
después, sin que el gobierno estuviera siquiera informado, dejó su campo en el sur y fue
trasladado al Hospital Naval de Talcahuano, donde permaneció cuatro meses. Su ingreso a
la cárcel, el 20 de octubre del '95, también tuvo garantías. Tras volar en un
helicóptero hasta un recinto militar en Colina, Contreras se cambió de ropa y,
acompañado de su mujer, entró a la nueva cárcel en Tiltil, que contaba con un anillo de
seguridad del Ejército situado más adentro que el de Gendarmería.
Esta vez no hubo dilación. Por más que el fallo de la Suprema que condenó a
Contreras barriera con la Ley de Amnistía e irritara profundamente al Ejército, la
institución presidida por el general Cheyre sólo intentó que la entrada del general (R)
a la cárcel fuese "digna". Cuando éste se negó a presentarse por sus medios
al tribunal, la institución le quitó la protección que le brindaba y dejó que
Investigaciones hiciera su trabajo.
En un Ejército que ha hecho esfuerzos por sacudirse la pesada carga del régimen
militar y reinsertarse en la sociedad, que ha efectuado su "nunca más" y
admitido la responsabilidad institucional en las violaciones a los DD.HH., no había
espacio para otra cosa.
El pasado miércoles, cuando al general (R) Manuel Contreras le quedaban sólo 48 horas
para comenzar a cumplir una nueva condena de 12 años de presidio, llegó hasta su casa el
general Patricio Cartoni, jefe de la Guarnición Militar de la Región Metropolitana.
Acompañado de un abogado del Ejército, el alto oficial iba a comunicarle que el ministro
Alejandro Solís, el juez que había condenado a la cúpula de la Dina por el secuestro y
desaparición del mirista Miguel Angel Sandoval en 1975, pretendía notificarlo el viernes
del cúmplase de la sentencia.
En los días previos, Solís había pedido al Ejército que se encargara de comunicar a
los oficiales (R) las citaciones del viernes 28 al tribunal, desde el que partirían
indefectiblemente a la cárcel. El ministro, previendo incidentes, resistencias y
rebeliones, creía que la mejor forma de evitarlas era que los condenados fuesen llevados
al tribunal con el apoyo de sus ex camaradas de armas.
Para cumplir la solicitud del juez, distintos oficiales del comando administrativo del
Ejército y de la Guarnición de Santiago contactaron ese mismo miércoles al brigadier
(R) Miguel Krassnoff y a los coroneles (R) Marcelo Moren Brito y Fernando Laureani, los
demás condenados, para explicarles que el Ejército, por instrucción de la Comandancia
en Jefe, pretendía trasladarlos desde sus domicilios hasta el tribunal en vehículos
institucionales y con el debido resguardo, para garantizar que su comparecencia ante el
juez y su entrega a Gendarmería tuviera lugar con la "mayor dignidad posible".
Los tres oficiales aceptaron el ofrecimiento. No así Contreras. Irritado como estaba,
advirtió al general Cartoni que no pretendía volver a ir a la cárcel después de los
cinco años y dos meses que había pasado en Punta Peuco entre 1995 y el 2000 por el caso
Letelier. "No voy a ir a ninguna cárcel", insistió, empleando la misma frase
que usara el '95, cuando logró demorar, bajo circunstancias políticas radicalmente
distintas, por más de cuatro meses su ingreso a la cárcel (ver recuadro).
Aunque el jueves el Ejército siguió intentando convencer al ex jefe de la Dina que
optara por la sensatez, en paralelo comenzó a planificar el escenario más temido: que
Contreras, declarado en rebeldía, opusiera resistencia y debiese ser detenido por la
fuerza por la Policía de Investigaciones, el único organismo con facultades para
arrestarlo.
Por la noche del jueves, el prefecto inspector Rafael Castillo, jefe de la Brigada
contra el Crimen Organizado y Asuntos Especiales de la policía civil, reunió a sus
hombres en el primer piso de la vieja casona que ocupa su unidad en Avenida Independencia
56. Horas antes, un subordinado del general Javier Urbina -el comandante en jefe (S) del
Ejército- le había advertido de la pertinaz negativa de Contreras, y agregado un dato
preocupante: el general (R) mantenía armas en su poder, y no era descartable que amagara
con utilizarlas para evitar su detención.
Aunque Castillo trazó varios escenarios para ese complejo cuadro, el Ejército apostó
por efectuar un último esfuerzo de convicción en la madrugada del viernes, antes de que
venciera el plazo límite de las 8 horas que el juez había fijado.
Alrededor de las 6 de la madrugada del viernes, cuatro camionetas del Ejército
recogieron en sus domicilios a Krassnoff, Moren Brito y Laureani, y los trasladaron hasta
tribunales. Aunque al llegar, poco antes de las 8, medio centenar de familiares de
detenidos desaparecidos los imprecó, los condenados lograron llegar hasta el subterráneo
de Tribunales sin grandes inconvenientes. Allí, de boca de la actuaria de Solís, oyeron
su sentencia y fueron entregados a Gendarmería, que los llevó a la cárcel.
A esa misma hora, en el condominio Club de Campo Norte, el jefe de la Policía Militar
del Ejército ingresaba a la casa de Contreras para intentar, por última vez, que se
sometiera a la justicia. Las cosas eran bastante más complejas. El general (R) estaba
acompañado por Nélida Gutiérrez, su ex secretaria en la Dina y pareja por 30 años; por
dos de sus cuatro hijos, Alejandra y María Teresa, y el esposo de ésta, el brigadier (R)
Orlando Carter. Vestido de sport, rechazó por más de una hora todos los
argumentos, hasta que el oficial, ya resignado, comunicó a sus superiores que Contreras
no partiría por su voluntad.
Castillo aguardaba el resultado de la última gestión del Ejército. Había llegado
alrededor de las 9 junto a un grupo de unos 10 detectives, previendo que en cualquier
momento tendría que entrar en acción. Ese momento llegó cerca de las 10, cuando entró
al domicilio para ofrecerle por última vez ahorrarse una detención por la fuerza.
La última negociación
Castillo estuvo 20 minutos intentando convencer a Contreras para que saliera rumbo a
tribunales. Pero el general (R) tenía una idea fija: se quedaba en su casa sí o sí. Sus
hijas y sus yernos lo apoyaban en su idea, mientras Nélida Gutiérrez estaba tan
apesadumbrada que ya ni hablaba.
-Dígale a su ministro que no voy a salir- fue la última palabra de Contreras.
-Yo no soy recadero de nadie-, contestó el subprefecto.
El policía, incluso, le pidió que sus hijas y sus yernos salieran de la casa. Un
nuevo "no" salió de boca de Contreras.
-Ellos son mi familia y me van a defender.
Sólo entonces Castillo dio la orden a los detectives, que esperaban afuera de la casa,
para que entraran a detener al rebelde ex jefe de inteligencia de Pinochet. Sandro Gaete,
subprefecto de la Brigada de Asuntos Especiales y Derechos Humanos, era el hombre
mandatado por el juez Solís para notificarlo de su arresto.
El ingreso de Gaete, quien mostró la orden de detención a la familia, fue acompañado
de gritos y alboroto. Mientras las hijas de Contreras forcejeaban con los policías, el
general (R) aprovechó para salir del living rumbo a su escritorio. Gaete lo vio de reojo
y temió lo peor. Corrió y trató de trabar la puerta con su pie, pero Contreras dio un
portazo. Trancurrieron unos pocos segundos, y el ex jefe de la Dina ya tenía la pistola
Walter calibre 765 y lo apuntaba.
El policía debía quitarle el arma. Si bien estaba previsto dentro de los escenarios
analizados la noche anterior que Contreras se resistiera al arresto, la posibilidad cierta
de que disparara contra el detective, o bien optara por suicidarse, había surgido.
Gaete le pidió que bajara la pistola, pero el general (R) permaneció en silencio,
negándose a soltar el arma. El detective se acercó, forcejeó con Contreras hasta
tomarle el brazo y logró que la Walter color negro de 765 milímetros apuntara al suelo.
En el intertanto, una de las hijas de Contreras lanzó un grito:
-¡La pistola, la pistola!
Gaete sintió que alguien trataba de sacarle su arma de servicio, que tenía enganchada
en su cinturón. A esas alturas, el escritorio de Contreras estaba repleto de policías.
Unos ocho a 10 detectives lo rodearon, lo sacaron arrastrando de su casa y lo introdujeron
a un auto policial, en el que le leyeron los derechos del detenido y se lo llevaron
esposado rumbo al cuartel de Investigaciones.
Atrápame si puedes
Contreras y Castillo son dos viejos conocidos. El detective, ahora prefecto inspector,
investigó el caso Letelier y su rol fue clave en las condenas que en 1995 dictó el ex
supremo Adolfo Bañados en contra de Contreras y el brigadier (R) Pedro Espinoza. La
primera vez que se vieron fue en 1988, cuando el policía trabajaba en la Brigada de
Homicidios e investigó el crimen del mayor de la CNI Joaquín Molina, en el que estaba
involucrado Manuel Contreras Valdebenito, el hijo menor del ex jefe de la Dina.
Pero Castillo le ha seguido también en el caso Prats, un proceso que se sabe al
dedillo. Tanto, que el 2000 declaró en el juicio oral en Argentina contra el ex Dina
Enrique Arancibia Clavel. También conoce al autor material del crimen, el ex agente
Michael Townley, el mismo hombre que asegura que Contreras fue quien dio la orden de
eliminar de un bombazo en Buenos Aires, en 1974, al ex comandante en jefe del Ejército
Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. El caso lo investiga en Chile Alejandro Solís,
el juez que condenó al general (R) por el secuestro de Sandoval.
En el cuartel de Independencia, Castillo ordenó la filiación de Contreras. Le tomaron
una fotografía, lo obligaron a estampar su huella digital y a firmar. Un parte policial
dejó constancia del incidente en la casa. A esas alturas, el ex jefe de la Dina estaba
levemente más calmado.
-No tengo nada en contra de ustedes-, dijo a los detectives.
En Investigaciones, donde el general (R) y los policías constataron las lesiones,
Gaete le sacó las esposas a Contreras con el compromiso de que "se comportara"
al llegar a tribunales. El subprefecto estaba preocupado por la seguridad. Sabía que una
mulittud estaba agolpada frente a la puerta de Morandé del Palacio de los Tribunales
esperando ver -y gritar- al ex jefe de la Dina.
El sonido de una baliza alertó de la llegada de Contreras a tribunales. Afuera, los
manifestantes estaban enardecidos. Tenían muchos huevos, tomates y monedas para lanzarle,
y lo hicieron.
El general (R) vestía pantalón azul marino y polera celeste de manga corta. Sus
muñecas se veían irritadas. Era la huella de las esposas en los antebrazos. Su imagen no
tenía ninguna relación con su ingreso en 1995 a Punta Peuco, cuando tras resistirse más
de cuatro meses, entró a cumplir condena de traje oscuro y corbata roja.
El subterráneo del Palacio de los Tribunales, donde están los calabozos, era el
escenario para su notificación. En una pequeña sala lo esperaba la actuaria de Solís
-el juez estudo toda la mañana en su despacho del cuarto piso-, y Juanita Godoy,
secretaria civil de la Corte de Apelaciones y encargada de actuar como ministra de fe.
-Buenas tardes- dijo Contreras minutos después de entrar a toda velocidad a tribunales
para tratar de evitar los proyectiles de los manifestantes. Estaba molesto. Se sentó,
juntó sus manos, entrecruzó los dedos y apoyó la cabeza sobre sus manos. La actuaria le
leyó la sentencia y lo notificó de su ingreso a cumplir la condena de 12 años.
Esta vez, el general (R) no lanzó ninguna inprecación, a diferencia de otras
ocasiones. Cada vez que lo procesan, suele alegar por la figura del secuestro calificado,
ironizando con que los desaparecidos están ocultos en su casa. Sólo preguntó por sus
"descuentos", es decir, el tiempo que tiene abonado a su sentencia por sus
diversos períodos de prisión preventiva en su domicilio.
La respuesta no lo satisfizo. Tenía apenas algo más de un año a su favor, y le
quedan poco menos de 11 por cumplir en el penal Cordillera, una ex unidad de la Policía
Militar del Ejército contigua al Comando de Telecomunicaciones de Peñalolén, que fue
entregada en comodato a Gendarmería. |