Informe: las responsabilidades

Por Adolfo Zaldívar, presidente de la Democracia Cristiana
Publicado en La Tercera: 15-12-2004

Mi conocimiento de las prácticas de tortura se remonta al inicio del régimen militar. De hecho, fui de los primeros abogados en acudir a la Corte Suprema para que ésta, en uso de sus facultades, se pronunciara sobre estos casos. Recuerdo especialmente el del profesor Federico Alvarez Santibáñez, quien había sido torturado. La corte no acogió nuestra petición y lamentablemente tuvo trágicas consecuencias.

La Democracia Cristiana sufrió la persecución y represión luego de que varios de los nuestros nos hiciéramos cargo de defender los derechos humanos de los perseguidos, que irónicamente habían sido nuestros enconados adversarios hasta antes del 11 de septiembre de 1973. Habíamos tratado infructuosamente de ponernos entre la extrema izquierda y la extrema derecha para evitar que el odio que se había desatado en Chile engendrara lo que vino después. Ahí fallamos.

Luego nos faltaron manos y voces para detener la represión del régimen que alentaron los mismos que hoy pretenden dejar toda la responsabilidad sólo en manos de los militares.

No puedo dejar de mencionar, con ocasión de los hechos recordados, la tarea titánica y heroica -por las circunstancias que la rodearon- que realizara Jaime Castillo Velasco, con quien tuve el honor y privilegio de trabajar en aquellos días y formar la Comisión de Derechos Humanos.

Tampoco se debe olvidar la labor de la denominada Coordinadora de Abogados que integraron, entre otros, Eugenio Velasco, Raimundo Valenzuela, Yerko Koscina, Julio Ahumada, Hernán Vodanovic, Laureano León, Joaquín Morales y José Galeano, quienes fueron precursores en la defensa de los perseguidos e insistimos majaderamente ante las autoridades judiciales y administrativas para terminar con los abusos.

Si el 10% de las denuncias que hacíamos en aquellos aciagos días hubiese sido acogido por los tribunales de justicia o consignado por los medios de comunicación de la época, tal vez, sólo tal vez, se habría evitado el 90% de las violaciones a los derechos humanos que vinieron después. O si hubieran escuchado al cardenal Silva Henríquez y al obispo Luterano Helmuth Frenz, tal vez también se habría evitado tanto dolor.

Mirando al futuro debemos ser claros en que las responsabilidades por lo ocurrido corresponden a todos los actores políticos de esa época. Nadie puede sembrar vientos sin saber que puede provocar tempestades. Es más, en honor a la verdad, nuestra tragedia también tuvo sus orígenes más allá de nuestras fronteras, rastros de ella hay en los salones de la Casa Blanca y del Kremlin.

Con todo, es bueno reafirmar que las prácticas de la tortura no tienen justificación alguna, sea cual fuera la circunstancia que viva una sociedad. Su uso no sólo degrada al ofendido y ofensor, sino se transforma en un estigma que arrastramos todos y que avergüenza al alma nacional.

La discusión actual me hace evocar un pensamiento oriental: "Si queréis comprender las causas que existieron en el pasado, mirad los resultados que se manifiestan en el presente. Y si queréis conocer los resultados que se manifestarán en el futuro, mirad las causas que existen en el presente".

El Ejército, la Armada, Fuerza Aérea y Carabineros son instituciones permanentes y necesarias para la existencia misma de la república. No caigamos en la tentación de debilitarlas como tales, ya que podríamos estar cometiendo un tremendo error estratégico que sólo advertiremos cuando sea tarde.

En cuanto a las responsabilidades penales por las muertes, desapariciones y torturas, más allá del contexto histórico-político, éstas son personales sin perjuicio que también deben ser asumidas en lo ético, militar, político y penal por quienes ejercían los altos mandos de la época.