Conversación con la Doctora Paz Rojas

La presión de las víctimas originó la Comisión de la Tortura

La Comisión sobre Prisión Política y Tortura no fue una concesión del gobierno sino el resultado del esfuerzo de las víctimas de la tortura y no del Gobierno, dice la Dra.Paz Rojas, presidenta de la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU.

Fuente: Rocinante

Por José Miguel Varas

Conversamos con ella en su casa de la calle Llewelyn Jones, la casa que heredó de su padre, el escritor Manuel Rojas. Paz Rojas se ha dedicado por completo, desde que por primera vez vio a una mujer víctima de torturas, en 1973, a apoyar a quienes han sufrido esta forma de violencia extrema y a estudiar clínica y psicológicamente los efectos de la tortura, así como los mecanismos mentales que llevan a seres humanos a convertirse en torturadores. Se ha transformado en una de las dirigentes de mayor prestigio, con amplio reconocimiento nacional e internacional, de la larga lucha por el respeto a los derechos humanos en Chile.
Investigar a fondo la tortura y enjuiciar a los torturadores era algo que diversas personas y organismos venían exigiendo hace largo tiempo, incluso a través de querellas.
Como se sabe, la Comisión Rettig excluyó de su trabajo ese tema. Paz Rojas recuerda que, hacia fines de 1999, un grupo de sobrevivientes de la tortura se agruparon y constituyeron la llamada “Comisión Ética contra la Tortura”. “No puedo nombrarlos a todos, pero sí a algunos más destacados como Juanita Aguilera, quien estuvo presa en 1980 y a quien yo atendí en el interior de la cárcel de mujeres; Mireya García, Marcos Liberona, Ricardo Frodden. Más adelante, la doctora Laura Moya. Esas fueron, tal vez, las personas que con mayor tenacidad insistieron en la idea de crear la comisión. CODEPU y CINTRAS (Centro de Salud Mental y DD.HH.) fueron los principales organismos de derechos humanos que trabajaron en esto”.

Parto difícil
“Nos pusimos majaderos. Desde la primera entrevista con el Presidente, el 26 de junio de 2001, le pedimos, con documentos muy bien fundamentados desde el punto de vista de los hechos y del derecho, que se creara una comisión. Le dijimos que aquí hay un trauma brutal causado por la principal arma represiva y de terror de la dictadura y que estas heridas se abrieron de nuevo a raíz de la detención de Pinochet. Cientos de miles de chilenos y chilenas, sometidos a la tortura, habían quedado absolutamente marginados de todo reconocimiento. En dos fechas paradigmáticas, el 26 de junio, Día Internacional contra la Tortura y luego el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, llevamos al Presidente documentos y testimonios como los que siempre ha recolectado CODEPU. Además, se planteó el caso en las Naciones Unidas y ante organismos internacionales de Derechos Humanos para que ellos también pidieran la creación de esta comisión.
A lo largo de 2002 hubo numerosas entrevistas con el Subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil. Él pensaba que realizar una investigación de un crimen de magnitudes tan masivas era imposible. El Presidente creía que era una tarea demasiado gigantesca y que no era posible registrar semejantes datos. Nos propusieron diversas alternativas que, por supuesto, rechazamos.
A fines del 2002, Correa Sutil llamó a Luciano Fouilloux, entonces director del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior y le pidió que trabajara con la Comisión Ética. Él inició una larga serie de entrevistas con sobrevivientes de la tortura, con Beatriz Brinkman del CINTRAS y personas del  CODEPU, abogados y médicos y elaboró sobre esa base un detallado documento que entregó al ministro del Interior, José Miguel Insulza, el 31 de enero de 2003. Por un tiempo no supimos nada más y Fouilloux renunció a su cargo en el programa de Derechos Humanos del gobierno.
Entonces, la Comisión Ética decidió  invitar a varias personalidades extranjeras. Vinieron a Chile el pastor luterano alemán Helmut Frenz, el embajador de Noruega a la fecha del golpe, Frode Nilsen, asistentes sociales de Bélgica, personalidades de Argentina. Junto con nosotros, ellos participaron en una nueva entrevista con el Presidente, de nuevo en un día simbólico, 26 de junio. Mireya García, a nombre de todos, volvió a plantear la necesidad de crear la comisión investigadora de la tortura. Preguntó qué había pasado con el documento que habíamos trabajado con Luciano Fouilloux.
Paralelamente en esos días respaldaron esa demanda diputados y senadores de la Concertación y vino la ofensiva de la derecha con su pretensión de resolver los problemas de derechos humanos.
El 12 de agosto, el Presidente Lagos formuló su memorable ‘No hay mañana sin ayer’ y anunció la decisión de crear la Comisión sobre Prisión Política y Tortura con argumentos éticos y humanos muy profundos. La Comisión comenzó a funcionar el 11 de noviembre de 2003”.

Una muestra limitada
La doctora Paz Rojas piensa que tanto la creación de la comisión como los resultados que se darán a conocer son extraordinariamente positivos, a pesar de que todavía desconoce el informe. Tampoco lo conocen las víctimas. Según todos los cálculos de entidades chilenas de derechos humanos y organismos internacionales, la muestra recogida (de 30 a 35 mil casos) corresponde aproximadamente a un tercio de las personas torturadas en Chile.
“Hay muchas víctimas que no quisieron testimoniar porque no querían revivir ni contar lo que les había pasado. Otras personas se indignaron cuando el Presidente habló de una ‘reparación austera y simbólica’ y se negaron a concurrir. Consideran que la reparación es una obligación integral del Estado y debe cumplir los requisitos de una reparación económica, social, moral, en salud… Otros hombres y mujeres torturados, a pesar de los esfuerzos que se hicieron por llegar a las víctimas en las distintas regiones de Chile, no recibieron la información a  tiempo o no tuvieron posibilidad, como ocurrió con campesinos y trabajadores de la zona sur, de puntos remotos, de llegar a prestar declaración a las gobernaciones”.
Paz Rojas destaca, en todo caso, que las personas que recibieron los testimonios actuaron muy bien, con eficacia y sensibilidad y “como CODEPU les damos toda nuestra confianza. En muchos casos son personas que conocían este trauma y que habían trabajado en derechos humanos”.

Agravando los crímenes
Paz Rojas valora la declaración del general Cheyre, en el sentido de reconocer la responsabilidad institucional del Ejército. “Ocurre por primera vez”, recuerda. “Pinochet sigue negando, igual que Contreras. El propio trabajo de la Comisión, la recolección de testimonios dio pie para que se conocieran y describieran lugares de tortura a lo largo de todo Chile. En todas las regiones, en todos los lugares. Se configuró así el mapa institucional de la tortura. Se confirmó lo que sabíamos: que el aparato del Estado de la dictadura había sido el instrumento de este crimen masivo. Racionalmente, el general Cheyre y los otros generales y almirantes no pueden seguir sosteniendo que las torturas fueron producto de los ‘excesos’ de algunos subalternos”.
A eso se suma el hecho de que los efectos de los crímenes cometidos en Chile en dictadura han sido agravados por el Estado en democracia, a través de diferentes conductas, según explica la doctora Rojas. “A veces, por instancias que se creyeron beneficiosas, como la Mesa de Diálogo. Fue tan brutal lo que la Mesa de Diálogo comunicó y tan brutales las carencias y los errores que tuvo al entregar la información, que se agravaron de nuevo los  síntomas, los traumas, las pesadillas, los insomnios, las angustias. Y queda la sensación de la impunidad. En detención y desaparición de personas no hay hasta ahora ningún condenado. Tampoco nadie ha sido condenado por tortura. Y los procesos siguen y siguen y no hay justicia.
Y, encima, viene doña Clara Szczaranski, Presidenta del Consejo de Defensa del Estado y, sin dimensionar el costo humano de su posición y sus palabras, anuncia el propósito de aplicar una amnistía, aunque ella le ponga el nombre ‘impropia’, que no entiendo. Ella está cometiendo un error jurídico garrafal. La desaparición forzada de personas es un crimen contra la humanidad, como la tortura. No es un asesinato. No es una muerte. Es un tipo de crimen, definido después de Nurenberg a través de una nueva normativa jurídica internacional. Está claro que todos están muertos, pero ese crimen, cómo los raptaron, cómo los torturaron, cómo los hicieron desaparecer, cómo los negaron posteriormente, tiene que ser juzgado de una manera especial. No basta decir ‘están todos muertos y por lo tanto aplicamos la amnistía o la prescripción’. No se puede. Es un crimen que los Estados tienen la obligación de investigar y de castigar.
En el largo camino de apoyo a las víctimas, me he dado cuenta de que el arma terapéutica fundalmental para tratar a estas personas es la verdad integral, la justicia y la catarsis. No saco nada con dar Valium, Alprazolam, con escucharlos largamente si lo que le sucedió a su familiar queda en el silencio y los autores en el anonimato. Esto no daña solo a las personas sino a toda la sociedad. Y Clara Szczaranski, una jurista, alta funcionaria del Estado, una persona que debiera tener claridad sobre el significado de estos crímenes, sale con tamaña aberración jurídica y humana. Con su declaración ella asesinó a los detenidos desaparecidos. Y cumplió con lo que la desaparición forzada de personas se propone, matar la muerte. La persona no está muerta ni está viva. No hay duelo. Y el dolor permanece”.

La lista que falta:
la de los victimarios
La tortura es un crimen y quien dice crimen dice víctima y victimario, explica Paz Rojas. Dentro de la normativa de los Derechos Humanos y en la Convención contra la Tortura (artículos 5 y 6) se señala que los crímenes contra la Humanidad deben ser investigados; se debe establecer la verdad integral; la justicia debe juzgar a los responsables; y debe existir (y esto es especialmente significativo ahora en Chile) una reparación integral.
Paz Rojas agrega que el relator de Naciones Unidas para la Impunidad, Louis Joignet, ha insistido en estos aspectos y especialmente en que no debe haber solo una lista de víctimas (como la hay en el informe de la Comisión chilena) sino una de victimarios.
Desde su Fundación, el CODEPU ha venido elaborando un catastro de los responsables de torturas y crímenes contra la humanidad. En el libro Páginas en blanco de Paz Rojas y otros autores (Ediciones B), se registran los nombres de 70 uniformados y civiles que actuaron en La Moneda el 11 de septiembre de 1973. El CODEPU ha completado hasta el momento una lista de 360 nombres de torturadores y autores de otros crímenes.

Destacado

“Con su declaración (Clara Szcaranski) asesinó a los detenidos desaparecidos. Y cumplió con lo que la desaparición forzada de personas se propone, matar la muerte. La persona no está muerta ni está viva. No hay duelo. Y el dolor permanece”.

“Hay muchas víctimas que no quisieron testimoniar porque no querían revivir lo que les había pasado. Otras se indignaron cuando el Presidente habló de una ‘reparación austera y simbólica’ y se negaron a concurrir”.

sábado, 11 de diciembre de 20