Brújula Política
Eduardo Contreras

Justicia de clase

A estas alturas del proceso a Pinochet y para que nadie se llame a engaño, parece oportuno detenerse a esclarecer algunas cuestiones de carácter general sin cuya debida consideración pueden producirse confusiones.
Me refiero específicamente a lo que ha sido la opinión de al menos una buena parte de los abogados y del movimiento de derechos humanos en el sentido de que debe dejarse trabajar a los jueces, que no debe interferirse su trabajo con presiones indebidas sea que ellas vengan desde La Moneda, desde el empresariado, desde las Fuerzas Armadas o de la jerarquía de la Iglesia Católica o de los grandes grupos que controlan los medios de prensa. Todas estas afirmaciones son sin duda correctas. Como lo es también, por ejemplo, nuestro reconocimiento específico a la labor desarrollada por el ministro del fuero don Juan Guzmán Tapia quien, con todo lo que se le pueda reprochar, ingresará a la historia del país como el único juez que se atrevió a desaforar, procesar y detener a Pinochet en Chile.
Todo eso es así. Como lo es el hecho que si para lograr verdad y castigo hemos decidido optar por el camino judicial, de la ley y los tribunales, debemos aceptar las reglas del juego y por tanto, sin perjuicio de los recursos legales que se pueda usar para impugnar los fallos que perjudiquen nuestra causa, no tenemos otra alternativa que aceptar las resoluciones judiciales una vez agotados los trámites. Al fin y al cabo, si hemos convenido en entrar en este escenario hay que estar a las duras y a las maduras. Eso es claro.
Sin embargo, todo lo anterior no presupone que perdamos de vista lo esencial: vivimos en una sociedad dividida en clases cuyos antagonismos irreconciliables se agudizan y, por consiguiente, nuestras leyes y nuestros tribunales expresan en definitiva la voluntad de la clase dominante. Eso es precisamente lo que hace más meritorios los avances logrados en materia de derechos humanos. Pero no nos ciega. No perdemos de vista que se trata de una justicia de clase. Por tanto, sensible al poder establecido.
¿De qué otro modo interpretar la exquisita gentileza del propio juez Guzmán que interroga al dictador en su casa y en presencia de su abogado defensor lo que es, además, absolutamente ilegal? ¿Por qué no se tiene la misma deferencia exagerada con un modesto ladrón de gallinas al que se procesa y detiene de inmediato? ¿Qué se pretende con dejar en la diligencia esa innecesaria y casi ridícula constancia de que el general asesino tose y está congestionado? ¿Qué tiene eso que ver con la ley? Igual se pudo dejar constancia que tenía flatos o colitis y todo ello no tiene la menor importancia jurídica ya que lo único que cuenta es el tema de sus facultades mentales.
A propósito de lo cual, ¿qué apuro tenía el juez en la práctica de las pericias mentales? ¿Por qué no aplicó el fallo del desafuero y la disposición del Código de Procedimiento Penal que le obligaban primero a procesar y detener a Pinochet? ¿Cuándo ha sido requisito que previamente haya exámenes mentales? ¿Cómo explicar que nuestros escritos pidiendo procesamiento y detención se hubieran "extraviado" en la Corte, haciendo imposible el uso legítimo de nuestros derechos procesales?
Todo lo cual no se contradice con los méritos del juez. Es, simplemente, la dialéctica de una justicia clasista. Todavía se puede aspirar a procesar al general; trabajamos para eso, no hemos perdido las esperanzas. Pero cada minuto la lucha es más difícil, cada minuto parece más obvia la conjura a favor de la impunidad. La clase dominante se niega a permitir que se le derrote en su terreno, con sus propias herramientas. Por eso se cohesiona en la defensa del dictador.
Por todo lo cual el pueblo debe redoblar su creatividad y su combatividad. En definitiva, en el juicio a Pinochet se juega una dura batalla de clases.