El jueves, el mismo día que volvió desde Nicaragua, país donde efectuó declaraciones que causaron polémica en Chile, el juez Juan Guzmán dictó dos importantes y sorpresivos procesamientos. Ellos apuntan por primera vez a la responsabilidad política de ex autoridades del gobierno militar en casos de desaparecidos.

El juez procesó al ex ministro del Interior de Augusto Pinochet César Benavides Escobar, y al ex subsecretario de esa cartera Enrique Montero Marx. Ambos generales (R) fueron encausados como cómplices de 20 secuestros, ocurridos en el marco de la Operación Colombo. A Benavides, además, en una segunda resolución dictada ayer, lo encausó como cómplice de cuatro secuestros relacionados con la Operación Cóndor.

Las notificaciones de estas dos ex autoridades políticas se realizarán durante la próxima semana. Luego de ello quedarán detenidos.

La resolución de Guzmán señala en su considerando 23 que a Benavides y Montero les cabe responsabilidad como cómplices, "toda vez que atendidas las funciones que realizaban, era imposible que desconocieran el régimen de privaciones de libertad ilegales que sistemáticamente se estaban perpetrando, y no obstante a ello, informaran que no se tenían antecedentes sobre las denominadas detenciones de las víctimas, cooperando a la ejecución de aquellos secuestros calificados por actos simultáneos".

Los antecedentes eran pedidos por las cortes de apelaciones del país, para resolver recursos de amparo de las familias de las víctimas. La desinformación de autoridades políticas de la época ha sido un argumento utilizado frecuentemente por el Poder Judicial para explicar la inactividad de los tribunales en los primeros años del régimen militar.

La lógica de Guzmán, explican cercanos a la indagación, es que ambos procesados debían estar enterados de lo que estaba ocurriendo con los detenidos. Esto, porque la seguridad del país -sobre todo en estado de excepción constitucional- estaba a cargo del Ministerio del Interior, cartera que podía disponer detenciones. Además, agregan, Benavides era un general de alta investidura y muy cercano a Pinochet (a su vez jefe directo de la Dina), por lo que incluso en el caso de que ese organismo no notificara a Interior, debió existir algún flujo de información. Por ello, los querellantes pidieron al juez solicitar el desafuero del ex gobernante.

Fuentes castrenses manifestaron su extrañeza por esta argumentación, que consideraron más propia de un juicio político.

Precedente

La defensa de Montero y Benavides (molesta porque Guzmán anunció los procesamientos a través de la prensa) alegará la inexistencia de antecedentes, pues no hay datos concretos, como testimonios o documentos, que comprueben que sabían que esas personas habían sido detenidas. Sin embargo, en tribunales se estima que la reflexión jurídica inaugurada ayer por Guzmán deja la puerta abierta a otros jueces, que, de coincidir con el magistrado en que las autoridades de Interior no podían aducir ignorancia, esperarán que la Corte de Apelaciones ratifique la resolución antes de dictar nuevas encargatorias de reo.

Los querellantes en el caso celebraron los procesamientos. Nelson Caucoto dijo que Guzmán apunta "a las responsabilidades que todos entienden tuvieron las autoridades políticas de ese tiempo", mientras Hernán Quezada señaló que esto ratifica que el secuestro era una política de Estado.

En tanto, el presidente de la UDI y ex subsecretario del gobierno militar, Jovino Novoa, aseguró que "me cuesta creer que haya fundamentos jurídicos para ese procesamiento". A su vez, el comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, sólo manifestó preocupación por la salud de Benavides. "Diría que los últimos 10 años que lo he visto, lo he notado con una situación médica aún más delicada", dijo.

hombre de confianza de pinochet

Montero trabajó incluso en el plebiscito de 1988

Tras el golpe militar, el entonces coronel de justicia de la FACh Enrique Montero Marx leyó el Decreto Ley N° 1 que dictó la nueva junta, el cual implantaba el estado de sitio y restringía legalmente la libertad de movimiento.

En mayo de 1974 asumió como subsecretario del Ministerio del Interior. Paulatinamente se ganó la confianza de Augusto Pinochet, lo que se vio reflejado en su nombramiento como ministro del Interior en 1982. En ese cargo duraría un año.

En 1988, Montero tuvo un nuevo rol de confianza. En medio del secretismo que rondó la nominación de Pinochet como el candidato presidencial, el retirado oficial de la FACh fue el responsable de diseñar el procedimiento de nominación del entonces gobernante. La misión se le asignó a él, según el libro La historia oculta del régimen militar, pues durante los 15 años del mandato de Pinochet ocupó puestos de confianza.

El 2003 firmó histórica declaración de los tenientes generales

Benavides tuvo rol clave en el golpe

Durante el 11 de septiembre de 1973, César Raúl Benavides fue uno de los generales que enviaron tropas para el asalto a La Moneda, además de uno de los pocos que acompañaron a Augusto Pinochet Ugarte en sus preparativos para el golpe.

Debido a la confianza que el ex gobernante le depositó, llegó a convertirse en teniente general, grado exclusivo que ostentaban sólo segundos hombres del Ejército. Sin embargo, 30 años después del golpe, fue uno de los ocho vicecomandantes en jefe de la institución que firmaron la declaración de 2003, en la que reconocen la existencia de violaciones a los DD.HH., condenan la exhumación y desaparición de cuerpos de ejecutados políticos, y asumen la responsabilidad de mando por lo ocurrido.

Los primeros años del gobierno militar, Benavides estuvo a cargo de la V División de Punta Arenas, una de las más poderosas del país.

Como una muestra de su confianza, Pinochet luego lo nombró, entre el 11 junio de 1974 y el 14 de abril de 1978, ministro del Interior. Después, hasta 1980, asumió como ministro de Defensa, y luego como integrante de la Junta de Gobierno, en su calidad de vicecomandante en jefe. En este cargo, los generales asumían -en la práctica- la jefatura institucional en reemplazo de Pinochet, mientras éste se dedicaba a las tareas de gobernante.

"Benavides había sido el hombre clave del Presidente en todos los momentos críticos que le siguieron a la instauración del régimen", señala el libro "La historia oculta del régimen militar".

En 1985 se produjo el retiro de Benavides, quien fue el último de los generales activos que encabezaron el golpe de 1973.