El comandante en jefe del Ejército reconoció ayer que las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura fueron responsabilidad institucional. Y mientras se avecina una avalancha de nuevas querellas, las miradas convergen sobre la Armada, en espera de un gesto similar.

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Adelantándose al difícil trance que vivirá su rama castrense cuando se haga público el informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura, el comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre reconoció ayer la responsabilidad de su institución en las violaciones a los derechos humanos.

En el documento “Ejército de Chile: el fin de una visión”, publicado ayer por La Tercera, Cheyre señaló que “el Ejército de Chile tomó la dura, pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que como institución le caben en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado”.

Aportó así el ingrediente que faltó en la Mesa de Diálogo, cuando las Fuerzas Armadas se limitaron a reconocer y condenar en la declaración final “las graves violaciones de los derechos humanos en que incurrieron agentes de organizaciones del Estado durante el gobierno militar”.

No en vano, la jurista e integrante de esa instancia, Pamela Pereira, calificó el gesto de “histórico”, y recordó que “este fue el tema de fondo en que no tuvimos acuerdo en la Mesa de Diálogo”, ya que “los abogados sostuvimos siempre el carácter institucional y sistemático de la represión y de las políticas que se habían implementado, y las Fuerzas Armadas sostenían que eran conductas excesivas de carácter personal".

¿Y la Armada?

Cheyre se hizo cargo por anticipado de la nueva verdad histórica que sentará el informe de esa comisión presidencial: la tortura fue una política de Estado y no el exceso de algunos.

Y fue explícito al respecto, pues afirmó que el Ejército “se ha condolido por los sufrimientos de las víctimas de estas violaciones, reconociendo que recibieron un tratamiento que no se condice con la doctrina permanente e histórica de la institución”.

Creó, entonces, una válvula de escape a la enorme presión que caerá sobre su institución cuando los indecibles vejámenes y torturas a que fueron sometidos los 35 mil chilenos que declararon ante la comisión presidencial se transformen en una verdad histórica, tan brutal y severa como los tres mil detenidos desaparecidos de que dio cuenta en 1990 el Informe Rettig.

Pero, de paso, marcó una pauta que a las otras ramas castrenses les será difícil de seguir. De hecho, las miradas se centran ahora sobre la Armada, pues a diferencia del Ejército, esta rama castrense nunca ha efectuado un reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos que cometió su institución, las cuales se concentran en las torturas que ahora se revelarán.

Es más, a diferencia del Ejército, la Armada chilena no tiene hasta ahora ningún oficial condenado, y el único caso en que la justicia está próxima a dictar sentencia es en la desaparición del ex interventor de la Compañía de Cervecerías Unidas, Jaime Aldoney, causa en que están sometidos a proceso seis oficiales (R) y un suboficial (R) de la Marina.

Y la primera en recordarlo fue la abogada Pamela Pereira, quien afirmó que “la Armada tendrá que hacerse cargo de algo que, a mi juicio, es de la mayor sensibilidad y que tiene que ver con los testimonios que dan cuenta de las torturas en la Esmeralda. Esa realidad es tan violenta que no ha permitido que el buque insignia recupere su dignidad, y se pasea por las aguas del mundo con la dignidad manchada (...) Se requiere que la Armada tome una decisión sobre la existencia de la Esmeralda”, apuntó la jurista.

Pero el actual senador UDI y ex comandante en jefe de esa rama uniformada, el almirante (R) Jorge Arancibia, marcó ayer una línea que, de ser seguida por el actual alto mando institucional, se distanciará notablemente del mea culpa del Ejército.

El almirante (R) afirmó que “reconociendo que en La Esmeralda y en otros buques se detuvo, y entiendo que hubo recintos en los cuales hubo gente detenida y a los cuales se les hizo interrogatorios y probablemente hayan sido sometidos a apremios, eso en ningún caso es una doctrina política u orientación institucional”.

Tampoco quiso hacer un acto de constricción. “¿Arrepentirse a título de qué? Yo no me arrepiento de faltas que he cometido yo (...) pero este asumir responsabilidades que están fuera de mi entorno, fuera de mi contexto y fuera de mi tiempo, me parece una cosa que no tiene sentido y lo repito con mucho énfasis”.

Efecto dominó en tribunales

El reconocimiento de Cheyre tendrá también un efecto dominó en tribunales, de dimensiones aún desconocidas.

En primer lugar, se espera que una vez difundido el informe sobre las torturas se inicie una ola de querellas contra los responsables de los apremios ilegítimos, por lo que asumidas las responsabilidades institucionales, las instituciones castrenses encabezarán la nómina de los querellados.

Pero también tendrá un impacto aún no calculado en los numerosos agentes y ex agentes del Estado procesados por violaciones a los derechos humanos, pues cobrará fuerza la tesis esgrimida por el abogado Luis Valentín Ferrada, quien argumentó en defensa del brigadier (r) Miguel Krassnoff Martchenko, procesado por la desaparición del militante del MIR, Miguel Ángel Sandoval, que “los militares procesados por violar los derechos humanos no cometieron excesos, sino que practicaron una política legitimada por las autoridades civiles y militares de las décadas del 50 a 70”.

Es más, la abogada Pereira ya advirtió que la declaración del comandante en jefe del Ejército puede "tener consecuencias" relevantes en los procesos por este tipo de delito, pues "cambia cualitativamente" el escenario en el que se movían hasta ahora los inculpados.