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De: "Servicio Informativo
"Alai-amlatina"
Bolivia en la encrucijada
En las calles de La Paz se está jugando el futuro del ALCA
Raúl Zibechi
ALAI-AMLATINA, 16/10/2003, Montevideo.- La impresionante insurrección del pueblo
boliviano ya habría derrocado al débil gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, si no
fuera por el apoyo político y militar de Washington, que visulumbra que una caída de su
aliado fortalecerá el bloque Brasil-Venezuela-Argentina.
En La Paz los pobres están arriba y los ricos abajo. No es una metáfora sino una
realidad geográfica que tuvo su impronta en el país más pobre, y probablemente más
rebelde, de América Latina.
A cuatro mil metros, en pleno altiplano, la ciudad de El Alto domina el enorme valle, la
"hoyada" donde está colgada La Paz. Un millón de pobres y de muy pobres allá
arriba y cientos de miles colgados en las laderas, mientras allá abajo, a menos de 3.500
metros, las clases medias y los barrios ricos ocupan los mejores espacios. En el centro de
La Paz está la histórica Plaza Murillo (sede del gobierno y del parlamento), testigo
mudo de más de 180 golpes de Estado y situada casi en el medio de los extremos físicos y
sociales que atraviesan la ciudad.
A mediodía del jueves 16, decenas de miles de paceños empezaron, por segunda vez en una
semana, a descolgarse de las alturas para bajar al centro, desde sus barrios atrincherados
en los que cavaron zanjas para impedir el paso de los tanques y camiones del ejército.
"Ya va a caer, ya va caer", es la consigna voceada por la multitud que Radio
Erbol definió como la más numerosa que conoció la historia del país. Abajo, la
soldadesca que abandonó los barrios pobres se atrinchera en defensa de los edificios
gubernamentales. El mando del ejército decidió sustituir a los soldados aymaras por
rangers provenientes de la zona de Santa Cruz de la Sierra, ya que varios soldados se
negaron a disparar contra sus hermanos, siendo asesinado uno de ellos por un oficial en la
batalla de El Alto del sábado y domingo pasados.
La insurrección boliviana, un mes de cortes de rutas que hacen imposible la circulación
en las principales carreteras del país, más una semana de huelga general indefinida con
manifestaciones masivas, se ha ido derramando desde su epicentro en El Alto hacia todo el
país. Cochabamba, Potosí y hasta la muy tropical y mestiza Santa Cruz de la Sierra se
incoporaron a la revuelta exigiendo el fin de un gobierno que en una semana asesinó a
más de 70 bolivianos. La revuelta consiguió compactar, en la exigencia de que renuncie
el presidente, desde los campesinos hasta los vendedores ambulantes de las ciudades.
Decenas de emisoras radiales de baja potencia, en la tradición de las legendarias radios
mineras, mantienen informada a la población y forman parte del movimiento, pese a las
clausuras y atentados que vienen sufriendo. Sánchez de Lozada sólo cuenta con el apoyo
de la embajada de Estados Unidos y una parte de las fuerzas armadas. Todo empezó en
Cochabamba
La mecha se encendió en abril de 2000. Ese mes estalló el pueblo de Cochabamba que
peleó, y ganó, la llamada "guerra del agua". Toda la población salió a la
calle, instaló cientos de barricadas, se plantó en la plaza principal durante días y
obligó al gobierno de Hugo Bánzer a dar marcha atrás, recuperando así el control de
los recursos hídricos que habían sido privatizados y estaban en manos de una empresa
trasnacional.
La revuelta de abril significó un viraje de largo aliento en las luchas sociales
bolivianas. Fue, también, el campanazo de salida de una vasta alianza social que incluye
a campesinos, trabajadores informales de las ciudades, pequeños comerciantes, maestros,
transportistas. Entre setiembre y octubre de ese año se registró el segundo episodio,
pero ahora a escala nacional. El "ensayo de abril", como denominó el dirigente
campesino Felipe Quispe a la revuelta de Cochabamba, se reeditaba ahora en un escenario
mucho más amplio, que incluía a todo el altiplano, la región más pobre del país y una
de las más pobres del mundo. La modalidad fueron los bloqueos masivos de carreteras, en
los que las comunidades se turnan llevando alimentos, en lo que pudo leerse ya como una
verdadera rebelión comunitaria aymara, básicamente rural pero con fuertes apoyos
urbanos.
La revuelta nacional de setiembre-octubre consiguió fracturar a la policía paceña: un
grupo de policías se amotinaron en la principal ciudad del país e hicieron un llamado a
sus compañeros a no reprimir la revuelta. La desmovilización se produjo gracias a la
firma por el gobierno de un convenio de 50 puntos que debían ser discutidos en comisiones
técnicas con la supervisión de la Iglesia Católica, la Asamblea de Derechos Humanos y
la defensoría del pueblo. Como suele suceder, el diálogo se estancó y no produjo
resultados concretos.
Los sacudones sociales de 2000 modificaron el mapa político- social boliviano. El
movimiento campesino apareció como la principal fuerza social, organizado en torno a la
Federación de Plantadores de Coca del Chapare (liderada por Evo Morales, entonces
diputado) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia
(CSUTCB), dirigida por Felipe Quispe. Pero las organizaciones campesinas experimentaron a
su vez cambios profundos. La CSUTCB fue fundada en 1979 con apoyo de la Central Obrera
Boliviana (COB), a su imagen y semejanza, y se definió como una organización campesina.
A la vuelta de dos décadas, sintetizando los cambios subjetivos vividos por las mayorías
del país, se define como "una organización indígena que agrupa a todos los pueblos
y naciones indígenas y originarias de Bolivia".
Del discurso clasista, que nunca abandonó, se pasó a uno histórico y étnico, que hace
hincapié en las demandas de tierra y territorio, lo que supone la gestión participativa
en los recursos naturales. Estos cambios reflejan la pérdida de centralidad de la clase
obrera por la implementación de políticas neoliberales a partir de mediados de los
ochenta. Este movimiento, sin embargo, consiguió articular a amplios sectores de la
población boliviana, en particular en el altiplano. Fue surgiendo así un neuvo sujeto
social, heterogéneo y diverso, pero articulado en torno a la identidad aymara (síntesis
de la nueva identidad nacional, que se manifiesta en el uso de la bandera- arco iris
denominada wiphala en lengua aymara) y anclado en algunos territorios, como El Alto y las
comunidades indígenas.
Las elecciones de junio de 2002 llevaron a este sujeto a conseguir una importante
representación en las instituciones estatales. Los dos frentes que se presentaron (el
Movimiento al Socialismo, de Morales, y Pachakutik, de Quispe) cosecharon uno de cada
cuatro votos y estuvieron muy cerca de alzarse con la presidencia frente al candidato de
la embajada de Estados Unidos, Sánchez de Lozada. Un ascenso constante
El siguiente paso del movimiento social se dio en febrero de este año. Un motín policial
en La Paz, contra la reducción de un 12,5 por ciento de los sueldos policiales decidida
por el nuevo gobierno, se convirtió en motín y masacre. Seis policías, siete civiles y
dos miembros del ejército fueron muertos el 12 de febrero en el enfrentamiento entre el
Grupo Especial de la policía y efectivos del Regimiento Custodia en la mismísima Plaza
Murillo. Al día siguiente, una enorme manifestación obrera que finalizó en la céntrica
plaza San Francisco fue ametrallada desde las alturas, elevando a 33 los muertos de esas
jornadas, que provocaron la dimisión de casi todo el recién estrenado gabinete.
El último episodio de este impresionante ciclo de luchas es la actual guerra del gas. Su
epicentro está en El Alto, la ciudad más pobre del continente, un monumento al abandono,
donde seis de cada diez personas viven con un dólar diario. El Alto, que creció de los
10 mil habitantes de 1950 a los 800 mil de hoy, es un polvorín social y político: basta
recorrer sus calles de tierra barridas por el helado viento del altiplano, sus precarias
viviendas de barro sin saneamiento ni agua potable, habitadas por rostros curtidos de
jóvenes aymaras, para comprender las razones profundas de una sublevación que arranca en
las entrañas de la historia y del territorio. Para los bolivianos, el gas es la última
oportunidad de vivir en un país que tenga algo parecido a un futuro.
En tres años la protesta recorrió un amplio camino: desde la rebelión localizada en una
ciudad de medio millón de habitantes y por una demanda específica, a una guerra civil
que comenzó por la defensa del patrimonio pero que desemboca en la exigencia de renuncia
del presidente y, sobre todo, de un giro político- económico completo. Del escenario
local se pasó al nacional, de las demandas puntuales a demandas políticas generales, de
actores municipales a regionales primero, y a conformar luego un amplio abanico de
alianzas sociales que, más allá de las posiciones de sus dirigentes, involucra hoy a
campesinos, obreros, informales, ambulantes y ahora también a la confederación
empresarial, que exige la renuncia del presidente.
Las cifras de muertos por la represión dan la pauta de la intensificación de la
protesta: de los seis muertos de Cochabamba en febrero de 2000 se pasó a más de una
decena en setiembre y octubre, para escalar a los 33 de febrero de este año y desembocar
finalmente en los más de 70 muertos desde el sábado pasado, cuando los habitantes de El
Alto intentaron frenar el paso de los convoyes de camiones cisternas protegidos por
tanques que llevaban gasolina a la sitiada La Paz.
Preparando la masacre
Para el imperio, la sucesión de Sánchez de Lozada es todo un problema. Debe vérselas
con un frente regional liderado por Brasil y Argentina, que incluye a Venezuela y que
puede ampliarse ahora a Bolivia. Desde la fracasada cumbre de Cancún de la OMC, intenta
desesperadamente estabilizar una alianza de contención de los grandes países de
Sudamérica. Hasta ahora, ha conseguido formar una cuña que incluye a Colombia, Ecuador y
Perú. No puede permitirse perder un aliado tan importante como Bolivia, que no sólo
posee los segundos yacimientos de gas del continente sino que puede ser el fiel de la
balanza en el cuadro de las alianzas regionales. Esa es la única razón por la cual,
hasta ahora, no cayó Sánchez de Lozada. Más aún, trascendió que cuatro asesores de la
embajada de Estados Unidos están dirigiendo los operativos militares represivos, lo que
supone un paso adelante en la intervención militar y un anuncio de que se está
preparando una masacre, con el objetivo de frenar en seco este extraordinario ciclo de
protestas.
Por eso, el futuro del ALCA y de los planes imperiales se está jugando en las empinadas
calles de La Paz, y en cada uno de los barrios pobres que la rodean. Sólo el increíble
valor de los aymaras, y muy en particular de las mujeres indias que reúnen en ellas el
coraje y la decisión de su pueblo, hizo posible que tanta metralla no consiguiera apagar
la rebelión. "Toda la ciudad de El Alto es un velorio que lo pueden contener
únicamente las calles, porque no hay salón, ni iglesia, ni lugar donde quepa todo el
dolor y el luto", nos dice María Galindo, de Mujeres Creando. Y sigue: "Los
cadáveres son envueltos en mantas rojas, naranjas, azules, verdes, amarillas, con tonos
intensos chillones que contrastan con la aridez del paisaje. Las vecinas insisten en
sentar alrededor de muertas y muertos a las huérfanas y huérfanos para hacer patente el
desamparo; sorprendentemente estos niños y niñas no lloran, con caras de terror miran de
frente en silencio".
Enviado por Revista Koeyu Latinoamericano
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(Dr. Róbinson Rojas,
1ro. de mayo, 2003) |
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