Sólo una hora necesitaron los ministros de los 25 jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago para dar luz verde a la solicitud de desafuero solicitada contra Augusto Pinochet por su responsabilidad en el caso Riggs.

En la práctica los jueces dieron curso al antejuicio por cuatro de los cinco capítulos que planteaba la petición elevada por el ministro Sergio Muñoz que indaga a Pinochet.

Se trata de la causa por investigación tributaria desde 1980 a 2004 que obtuvo 21 votos a favor del desafuero y cuatro en contra; el siguiente episodio se refiere a la declaración jurada de bienes ante notario del 19 de octubre de 1989 en la que 16 ministros aprobaron el desafuero y otros nueve lo rechazaron.

Un tercer aspecto fue la polémica por la obtención y utilización de pasaporte y certificados de ingresos emitidos por la subsecretaria de Guerra en la que 17 ministros dieron el sí al desafuero y otros 8 se pronunciaron en contra y finalmente el tribunal de alzada estimó que había mérito para desaforar a Pinochet por el episodio denominado acción para eludir las medidas cautelares dispuestas por el Juzgado de la Audiencia Nacional de España referido a la investigación del juez Baltasar Garzón, donde 14 jueces estuvieron a favor y once en contra.

La única línea de investigación que fue rechazada se refiere a la adquisición de terrenos en El Melocotón en la que 15 magistrados se manifestaron en contra y sólo diez a favor.

El presidente del tribunal de alzada, Juan Escobar, explicó que la jueza Carmen Garay será la encargada de redactar el dictamen cuyo texto íntegro se conocerá en los próximos días.

El pleno optó por entregar los argumentos de cada juez para su votar a favor en contra y no realizar una deliberación propiamente tal, justamente por ello se entiende que se emitiera opinión sobre cada una de las aristas del proceso que tramita Sergio Muñoz.

Como era de suponer hubo cuatro votos que siempre se opusieron al desafuero, se trata de los jueces Rubén Ballesteros, Cornelio Villarroel Alfredo Pfeiffer y Lamberto Cisternas, quienes plantearon que debido a los problemas de salud de Pinochet se debía rechazar el pedido.

Otro ministro planteó en cambio la realización de pericias médicas, sin embargo, su propuesta no tuvo acogida.

Con esta resolución el panorama se convierte en absolutamente hostil para Pinochet pues sólo en el primer episodio la investigación se da pie para indagar un presunto fraude tributario y vale la pena destacar que este aspecto concitó el máximo de votos (21 a favor).

En cualquier caso la defensa del militar en retiro puede, y con seguridad lo hará, recurrir a la Suprema, tribunal que zanjará definitivamente el tema.

Aunque originalmente se había programado para el miércoles de la semana pasada la ausencia de los magistrados Raúl Rocha y Alejandro Solís obligó a los jueces a postergar la vista y dejar pendiente el encuentro apenas estuvieran presenten los 25 jueces que participaron en los alegatos.

Muñoz indaga las irregularidades financieras cometidas por el octogenario militar, caso que salió a la luz pública luego que el senado norteamericano descubriera la existencia de cuentas secretas de Pinochet en el Banco Riggs de Estados Unidos.

A raíz de estos datos, Muñoz comenzó a desentrañar la red de operaciones que involucran a Pinochet y a su familia en una causa en que el Servicio de Impuestos Internos y el Consejo de Defensa del Estado actúan como querellantes ante el temor de existir una millonaria evasión de impuestos.

Muñoz ha señalado en sus resoluciones que la fortuna de Augusto Pinochet llega a 17 millones de dólares, ha desentrañado además millonarios recursos de parte del clan Pinochet-Hiriart.

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